La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,Luz Patricia Mejía,visitó Buenos Aires invitada por el diputado Juan Carlos Vega,titular de la Comisión de Legislación Penal. La audiencia informativa,a la que atendieron los diputados integrantes de la Comisión,fue presenciada por un nutrido grupo de activistas de la Campaña y con una concentración callejera con las banderas y consignas por el aborto legal,tuvo lugar el pasado miércoles 13 de julio por la mañana en el Congreso de la Nación.
La definición más contundente de la Dra. Mejía fue que el aborto legal de ninguna manera contraría los pactos sobre Derechos Humanos,ni contraviene el Pacto de San José de Costa Rica. “Por el contrario,sostuvo,permitir que las mujeres mueran por no haber atendido sus problemas de salud,sí es un ataque a los derechos de las personas. La penalización del aborto es un problema del que no se habla y que criminaliza la pobreza de las mujeres,y no es posible soslayarlo más,en pos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en la Argentina y todo el continente americano”. Asimismo destacó que es en nuestro país donde el tema tiene un tratamiento institucional más avanzado.
La funcionaria de la OEA contó que actualmente atienden “varias denuncias por negligencia médica,ya que hay violación al Pacto si una mujer muere por falta de atención. El índice más lamentable es la cantidad de mujeres que mueren por causas prevenibles con atención sanitaria,pero no llegan a los centros de salud por falta de dinero,razones culturales,o son desatendidas cuando llegan a último momento”.
Cuando se le preguntó acerca de cuál es el límite jurídico de la `objeción de conciencia` del médico,respondió que el mismo está en la vida de la mujer,que tiene existencia real,y cuya falta de atención pone en riesgo su integridad física.
Sostuvo que los casos que están llegando a la CIDH de Argentina y toda la región son de mujeres que han fallecido por falta de servicios de salud materna. Los mismos “no son sólo por consecuencias de abortos clandestinos no atendidos o en proceso,sino también de,por ejemplo,una mujer que,teniendo cáncer y necesitando un tratamiento de radioterapia,no fue atendida porque se pretendió proteger la vida del niño,que posteriormente muere porque la mujer no estaba en condiciones de salud para dar a luz por una fase muy avanzada del cáncer.”Tenemos casos de niñas violadas que quedan embarazadas,y pese a que en los países existe el aborto ético o terapéutico,no son atendidas porque existen barreras culturales o estructurales de los sistemas de salud”.
Mejía opinó que “la criminalización del aborto está siendo un problema de derechos humanos en la medida que el aborto sigue ocurriendo y se manifiesta estadísticamente en una altísima tasa de mortalidad,y cuando no hay afectación de la vida,la hay de la integridad física,psíquica y moral de la mujer que se somete a un aborto clandestino”.
La del pasado 13 de julio fue la segunda audiencia pública en la que participó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,Seguro y Gratuito,que integran unas 300 organizaciones sociales,profesionales,de mujeres,entre otras,cuyo proyecto de ley cuenta con la firma de 50 diputados/as y va a ingresar “este año a tratamiento parlamentario”,según el presidente de la comisión de Legislación Penal,Juan Carlos Vega,de la Coalición Cívica.
A favor de la introducción de la interrupción del embarazo en la legislación se expresaron las diputadas Juliana Di Tullio y Diana Conti (FPV),Marcela Rodríguez (CC),María Luisa Storani (UCR) y Cecilia Merchán y Victoria Donda (Libres del Sur). En el encuentro también estuvieron,entre otros,la diputada radical Elsa Alvarez y por el oficialismo Héctor Recalde,Juan Pais y Oscar Albrieu. Los legisladores que impulsan la legalización de la interrupción del embarazo,a su vez,impulsan el tratamiento del tema después de las elecciones primarias,previstas para el 14 de agosto.
El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados desde hace años,aunque a paso lento,su tratamiento institucional va avanzando.
Continuar con el trabajo sostenido y sin pausas de las organizaciones que luchamos por este derecho es fundamental para conseguir la despenalizaciòn y legalizaciòn de aborto en Argentina.
